:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/a227dadf-37de-4947-b5a5-ef2a6e797a82.jpg "Foto de Enzo Mori")
El regreso de Víctor Ávila a suelo estadounidense, tras visitar a su hijo militar en Japón, no fue el cálido reencuentro familiar que esperaba. En lugar de abrazos y anécdotas, lo esperaba una detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. A sus 66 años, y con casi seis décadas de vida legal en Estados Unidos, Ávila se convirtió de la noche a la mañana en el protagonista involuntario de una pesadilla legal que expone las grietas del sistema migratorio bajo la actual administración.
Ávila emigró desde México en 1967 y ha vivido legalmente en Estados Unidos desde entonces. Su historia parece sacada del sueño americano: estable, trabajador, padre de familia y abuelo de seis niños, todos ciudadanos estadounidenses. Durante más de diez años ha trabajado como asistente legal en un bufete especializado en compensación laboral en San Diego. Sin embargo, ninguna de esas credenciales bastaron para evitar que fuera arrestado tras un viaje internacional con su esposa, quien no fue detenida.
ICE ahora cuenta con más de 20,000 personal del orden público y apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y alrededor del mundo (Foto: ICE)
LA RAZÓN DETRÁS DE SU ARRESTO REMITE A UN EPISODIO DE HACE MÁS DE 10 AÑOS
En 2009, Ávila fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas. Pagó su condena, cumplió con la ley y renovó su residencia permanente en al menos dos ocasiones posteriores. Pero bajo la administración de Donald Trump, ese pasado ha resurgido como un arma legal para justificar su detención. Su hija, Carina Mejía, ha sido clara: “Fue un delito no violento. Ya pagó lo que le correspondía. Detenerlo es muy injusto”.
El caso de Víctor no es aislado. Se enmarca en una ofensiva migratoria sin precedentes que ha marcado el segundo mandato de Trump, en el que se han deportado más de 100.000 personas en pocos meses. Una herramienta clave en esta estrategia ha sido la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite deportaciones sin audiencia judicial en contextos considerados de “guerra”. Aunque parezca insólito, incluso residentes legales como Ávila han caído bajo esta lupa.
Manifestantes en contra de las acciones de ICE en Estados Unidos (Foto: AFP)
SU FAMILIA ESTÁ MUY AFECTADA ANTE SU POSIBLE DEPORTACIÓN
Desde su detención el 7 de mayo, Ávila ha sido trasladado a un centro de ICE cerca de Bakersfield, California. El bufete donde trabaja organizó una campaña en GoFundMe que ha recaudado más de 20,000 dólares para cubrir los costos legales de su defensa. Mientras tanto, su familia vive entre la indignación y la incertidumbre. “Quiero que mi padre regrese a casa”, repite su hija ante las cámaras, una súplica que ya ha conmovido a miles.
El contraste no podría ser más doloroso: un hombre que crió a ciudadanos estadounidenses, cuyo hijo sirve en la Fuerza Aérea, enfrenta la posibilidad de ser deportado sin derecho a audiencia plena. ¿Qué mensaje envía esto a otras familias inmigrantes, incluso aquellas con estatus legal? ¿Qué tan frágil puede ser la permanencia de quienes han dedicado su vida a este país?
Víctor Ávila tiene programada una audiencia de deportación para el 15 de julio. Lo que ocurra en esa sala no sólo determinará su destino, sino que también podría sentar un precedente alarmante sobre cómo se interpreta la legalidad en un país que se dice construido por inmigrantes. ¿Es posible rehabilitarse realmente en Estados Unidos si los errores del pasado siguen siendo armas de exclusión?
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Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
